Defensa en Proceso Policivo por Infracciones Urbanísticas

La integridad urbanística se refiere a la preservación del ordenamiento territorial y el uso adecuado del suelo en una ciudad o municipio. Esto implica respetar las normas y principios que regulan la construcción, el uso de los espacios públicos y la protección del patrimonio cultural y ambiental. La integridad urbanística es esencial para la convivencia ciudadana, ya que un entorno urbano ordenado y bien planificado promueve la seguridad, la calidad de vida y el bienestar de la comunidad. Por el contrario, las construcciones ilegales, la ocupación indebida del espacio público y el incumplimiento de las normas urbanísticas generan conflictos, riesgos y deterioro del entorno, afectando negativamente la convivencia. El control urbano, a través de procesos policivos por infracciones urbanísticas, es fundamental para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger la integridad urbanística.

Algunas de las acciones más comunes que atentan contra la integridad urbanística y pueden dar lugar a procesos policivos por infracciones urbanísticas son: construir sin licencia o incumpliendo las normas, demoler edificaciones de valor histórico o cultural sin autorización, utilizar inmuebles para fines no permitidos, ocupar el espacio público de manera indebida y no cumplir con las obligaciones de seguridad y limpieza en obras de construcción. Estas acciones son perjudiciales porque ponen en riesgo la seguridad de las personas, deterioran la imagen urbana, generan contaminación,afectan la movilidad, dañan el patrimonio cultural y disminuyen la calidad de vida de los residentes. El control urbano, a través de procesos policivos, busca prevenir y sancionar estas conductas para proteger el interés general.

Construir o modificar en áreas protegidas o destinadas a equipamientos públicos es una infracción grave que puede desencadenar un proceso policivo por infracciones urbanísticas y acarrear diversas consecuencias legales. En primer lugar, se puede ordenar la demolición de la obra ilegal, lo cual implica la pérdida de la inversión realizada. Además, se pueden imponer multas económicas significativas, cuya cuantía dependerá de la gravedad de la infracción y del valor del predio. En algunos casos, también se pueden iniciar procesos penales por delitos contra el ordenamiento territorial. El control urbano, a través de procesos policivos, busca prevenir y sancionar estas conductas para proteger el interés general.

Sí, es posible realizar modificaciones o intervenciones en inmuebles de interés cultural, pero siempre bajo estrictos requisitos y con la autorización previa de las autoridades competentes. Estas intervenciones deben respetar el valor patrimonial del inmueble y garantizar su conservación. Para ello, se debe presentar un proyecto detallado que justifique la necesidad de la intervención y las medidas que se tomarán para proteger el bien. La autoridad competente evaluará el proyecto y podrá autorizarlo, modificarlo o denegarlo, según corresponda. El incumplimiento de estos requisitos puede dar lugar a un proceso policivo por infracciones urbanísticas.

Utilizar un inmueble para un fin diferente al autorizado o incumplir las normas urbanísticas sobre usos del suelo puede desencadenar un proceso policivo por infracciones urbanísticas y tener consecuencias legales. En primer lugar, se pueden imponer multas económicas. Además, se puede ordenar la suspensión definitiva de la actividad no permitida y, en casos extremos, se puede llegar a ordenar la demolición de las obras o modificaciones realizadas. Es importante destacar que el incumplimiento de estas normas no solo afecta al propietario del inmueble, sino también a la comunidad en general, al alterar el ordenamiento territorial y generar externalidades negativas. El control urbano, a través de procesos policivos, busca prevenir y sancionar estas conductas para proteger el interés general.

Quienes realizan obras de construcción deben cumplir con diversas obligaciones para garantizar la seguridad y evitar afectaciones al entorno urbano, y así prevenir procesos policivos por infracciones urbanísticas. Deben destinar un lugar adecuado dentro de la obra para almacenar materiales, maquinaria, escombros y residuos, evitando ocupar el espacio público. También deben proporcionar unidades sanitarias provisionales para los trabajadores y mantenerlas aseadas,instalar protecciones y señalización en los frentes de la obra, limpiar las llantas de los vehículos que salen de la obra,retirar los escombros y residuos al finalizar la obra, exigir el uso de cascos y elementos de seguridad a los trabajadores,tomar medidas para evitar la emisión de partículas en suspensión y reparar los daños causados a bienes colindantes o cercanos.

En general, no está permitido realizar obras de construcción en horario nocturno (entre las 6 p.m. y las 8 a.m.) ni en días festivos en zonas residenciales. Esto se debe a que el ruido y las molestias generadas por las obras pueden afectar la tranquilidad y el descanso de los vecinos. El incumplimiento de esta norma puede dar lugar a un proceso policivo por infracciones urbanísticas, con la posible suspensión de la obra y la imposición de multas. Sin embargo, en algunos casos excepcionales y con la debida autorización de la autoridad competente, se pueden realizar obras en horarios especiales,siempre que se tomen medidas para minimizar las molestias a los vecinos.

Si se incumple la orden de demolición de una construcción ilegal, se inicia un proceso policivo por infracciones urbanísticas, y la administración pública puede ejecutar la demolición de manera forzosa, a costa del propietario del inmueble. Esto implica que el propietario deberá asumir los costos de la demolición, además de las multas y sanciones que se le hayan impuesto previamente. La demolición forzosa es una medida extrema que se aplica cuando se agotan todas las demás vías para lograr el cumplimiento de la orden de demolición. El control urbano, a través de procesos policivos, busca garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y proteger el interés general.

La acción de policía en un proceso policivo por infracciones urbanísticas caduca si no se inicia dentro de los tres (3) meses siguientes a la ocurrencia del comportamiento contrario a la convivencia, o dentro de los seis (6) meses siguientes,si se trata de infracciones urbanísticas. Esta caducidad implica que la autoridad de policía pierde la facultad para iniciar el proceso y aplicar las medidas correctivas correspondientes.

La caducidad de la acción de policía es un mecanismo de garantía para los ciudadanos, que evita que se les persiga indefinidamente por infracciones menores. Sin embargo, también puede ser un obstáculo para el control urbano, ya que limita la capacidad de las autoridades para sancionar las infracciones y disuadir futuros comportamientos contrarios a la convivencia. Por ello, es importante que las autoridades de policía actúen con diligencia y celeridad en la investigación y tramitación de los procesos policivos por infracciones urbanísticas.

Las sanciones para quienes parcelen, urbanicen o construyan en terrenos no urbanizables o no parcelables incluyen multas sucesivas que oscilan entre quince (15) y treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes por metro cuadrado de área de suelo afectado. En ningún caso, la multa superará los quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Además de las multas, se puede ordenar la demolición de la obra y la suspensión de servicios públicos domiciliarios, conforme a la Ley 142 de 1994. Estas sanciones también aplican a quienes intervengan en terrenos afectados por el plan vial, de infraestructura de servicios públicos, o destinados a equipamientos públicos. Si las construcciones se realizan en terrenos de protección ambiental o zonas de riesgo, como humedales o áreas con riesgo geológico, las multas pueden incrementarse hasta en un ciento por ciento (100%) sobre las sumas señaladas, sin perjuicio de otras responsabilidades y sanciones legales correspondientes.

El procedimiento para infracciones urbanísticas en Colombia, según el Código Nacional de Policía y Convivencia, comienza con la detección de la infracción por parte de las autoridades competentes o por queja interpuesta por particulares o entidades del Estado. Luego se notifica al infractor, quien tiene derecho a presentar descargos. Si no los presenta, se impone la medida correctiva correspondiente. Si los presenta,se realiza una audiencia pública ante un inspector de policía, quien decide el caso y emite un fallo que puede ser apelado ante el alcalde municipal o distrital. Este proceso busca garantizar el derecho a la defensa y la resolución oportuna de conflictos.